Por su relación con el bien común de la sociedad,
el Estado también posee derechos y deberes en la educación
de los ciudadanos. Sin embargo, esto no le autoriza a “usurpar” o
disminuir el derecho-deber de los padres. Y, como ocurre con
cualquier derecho humano, no es suficiente un reconocimiento
teórico de este derecho de los padres: es también
necesario adoptar las medidas adecuadas (como, por ejemplo, la
ayuda económica) para su concreta realización.
Esto es especialmente importante en el campo de la educación,
por su impacto en el desarrollo de la persona. Así que
una disminución de la libertad en este terreno perjudica
el bien personal y el bien común. Por tanto, una sociedad
auténticamente democrática no debe contrastar,
sino favorecer la libertad educativa de los padres. |